Puntania

Alberto Rodríguez Saá ha decidido no firmar un convenio entre su provincia y el Estado con miras a transferir a la Anses la información de quiénes son los que reciben en San Luis planes provinciales de asistencia social. Así, resulta impracticable para el Anses el pago en dicha provincia de la asignación universal por hijo dispuesta por Cristina Fernández.

La razón argüida por el gobierno de los hermanos Macana es que el beneficio, lejos de ser universal, es más bien discriminatorio. Consecuentemente, decidieron cortar por lo sano: optaron por que nadie que desee recibirlo pueda hacerlo.
Hoy, sin embargo, al parecer, habrían comenzado a otorgar -a quienes desean acogerse al beneficio- los certificados que demuestran que cada uno de ellos no reciben ningún plan asistencial, parte de un tramiterío que se habría evitado si los conductores del Rocomóvil hubieran firmado el convenio provincia-nación.

Mientras tanto, fuera de Puntania, del mismo modo que Fernando Pinino Solanas hizo tronar su silencio respecto de las ilegalidades cometidas por el gobierno macrista -el mismo que tiene bajo su órbita la aquiescencia de alrededor de 54 prostíbulos-, el común de la oposición calla sobre la realidad en la que el gobierno de San Luis sumerge a sus habitantes más indefensos.