29 noviembre 2009

Estado y propiedad privada

Cada vez que un caso de corrupción ocupa las portadas de los principales medios de comunicación masiva, los implicados son –casi sin espacio para la excepción– integrantes del gobierno o personas más y menos allegadas al núcleo. Esta tendencia, connatural de todo periodismo independiente (en todo el universo conocido) se ha vuelto protocolo operativo en Argentina (al menos para el 90 por ciento de dichos medios).
Tal dinámica replicada hasta la náusea promueve la concepción de que toda corruptela privada, el pequeño y gran chuleteo (connatural de las empresas gerenciadas) resulta nimio ante cualquier ilegalidad económica del Estado. La justificación que subyace (y que casi nunca tienen los medios necesidad de aclarar) es que todo delito perpetrado por el Estado es más grave que cualquier otro protagonizado por -o en- una empresa.
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El manejo del sistema de desempate de la ATP en el Masters de Londres fue un escándalo. No sólo fue definido a posteriori sino también modificado dos veces en dos días, después de comenzado el torneo. Cualquier festejo por Del Potro, ese muchachote un poco con cara de salame tandilero, tendrá como marca de agua -al menos para mí- la injerencia de los sistemas de apuestas ingleses, esos viejos piratas.

Por otro lado, las dudas y sospechas sobre los árbitros de fútbol vienen desde antaño. Sin embargo, si mi memoria no me falla, en Argentina no hubo ningún denunciado ni caso de demostrada culpabilidad. A tres meses de iniciado el Fútbol para Todos caen ahora Aníbal Hay por presionar y Cristian Faraoni por dejarse. ¿Qué es mejor? ¿Que salte o que no salte un caso de corrupción, donde sea que se dé?

De todos modos, nada comparable con la venta de imágenes del triple trasplante a que fue sometido Sandro.

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